Informe Reunión O-11 Consejo Directivo 15-04-2015

20 de abril de 2 015

El objetivo de este informe es divulgar las posiciones sostenidas por esta representación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología ante el Consejo Directivo, en aquellos temas discutidos en este cuerpo, que consideremos necesarios con el fin de promover el análisis crítico sobre las decisiones tomadas en el seno de este Consejo.

No pretendemos sustituir la vocería, de quienes dentro del cuerpo representan a los distintos sectores universitarios. Para ello está la Gaceta Universitaria de la UNA.

Este informe no es una relatoría de los puntos discutidos.

Pensamos que así se suscitará que la comunidad presente sus posiciones promoviendo puntos para la discusión dentro del cuerpo.

Noticias Universitarias

MPPEUCT avanza en dotación de computadoras VIT al sector universitario

http://www.opsu.gob.ve/portal/principal.html?ir=noticias&4324

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Perspectiva socio crítica sobre la relación educación y trabajo liberador

http://www.aporrea.org/educacion/a203942.html

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Frente Socialista USB

http://frentesocialistausb.blogspot.com/

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PLURAL: Proyecto Socialista UCV

http://issuu.com/pluralproyectosocialista/docs/plural72/1?e=5336118/9967274

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¡Denuncia!

Sala Situacional de Salud de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora

http://www.sudeseg.gob.ve/

Atención las 24 horas para denuncias por servicio de emergencias y carta aval

Teléfonos: (0212) 9520430, 9051576/1516/1568

Informe Reunión Ordinaria Consejo Directivo 15-04-2 015

Punto N° 1 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

El Rector en funciones (renunciante) trae 22 puntos en mano.

El Vicerrector Académico en funciones trae 8 puntos en mano.

El Vicerrector Administrativo en funciones trae 8 puntos en mano.

La Secretaria en funciones trae 3 puntos en mano.

La agenda original era de 127 puntos. Se convirtió en una de 168 puntos, el 32,28% de los puntos de la agenda se discute sin análisis previo. ¿Cuáles de esos puntos son realmente urgentes?

Teniendo todas las autoridades un equipo de personas que trabajan en esas dependencias, y ya que han convertido al Consejo Directivo en el ente que todo lo decide, deberían ser más responsables y oportunos entregando los puntos a tiempo para que todos los consejeros los conozcan, los estudien y hagan las averiguaciones pertinentes con el fin de tomar decisiones responsables en dicho consejo.

De lo contrario el Consejo Directivo pierde respeto ante la comunidad de la UNA al tomar decisiones a la ligera.

Punto N° 2 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Aragua otra vez Aragua

En lo que va de año se ha reparado varias veces el aire acondicionado del CL Aragua, más de Bs. 800 000,00; al regresar del asueto inter semestral no funcionan los aires acondicionados.

El Vicerrector Administrativo solicita a la empresa que hizo la reparación evaluar la situación.

En palabras del Vicerrector Administrativo el informe señala que fue sustraído el gas refrigerante, se quemaron los motores y en revisión efectuada no hay fugas de gas en los aparatos reparados.

Por otro lado, se señala que la única forma de acceder a la azotea es entrando al centro local y si es una persona extraña debe ser registrado en el libro de novedades de la compañía de vigilancia. Para poder extraer el gas refrigerante se debe acceder a la azotea con una bombona vacía de gas refrigerante.

¿Quién es responsable?

¿Será que pasará lo mismo con los cauchos que salieron y regresaron solos al centro local? Este punto está diferido desde el 19 de noviembre del año pasado, presentado por Consultoría Jurídica en la reunión ordinaria N° 31

Puntos N° 67 al 74 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Reconocimiento de deuda

Se reconocen deudas salariales a 20 docentes por distintos conceptos, algunas contraídas en el año 2 013.

¡Hay Presupuesto!

Punto N° 75 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Ayudas económicas

Se aprueba otorgar ayudas económicas a cuatro solicitudes hechas en el mes de marzo para un auxiliar docente y tres empleadas administrativas.

Se otorgan Bs. 126 739,36

¡Hay Presupuesto!

Puntos N° 85, 86 y 89 al 93 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Art. 52

Dos profesores solicitan su ascenso invocando la aplicación del artículo 52 del reglamento de ingreso y ascensos.

Cinco profesoras ascienden gracias a la aplicación del artículo 52 del reglamento de ingresos y ascensos.

La institucionalidad se ha impuesto a los deseos y formas de actuar de las Autoridades.

Puntos N° 104 al 108 y 162 al 167 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Algunos de estos puntos son traídos en mano por el Vicerrector Administrativo

Se reconoce y paga el gasto generado por el servicio prestado por una empresa por Bs. 21 992,68 por mantenimiento de impresoras de todas las sedes de la UNA en Caracas y el CL Metropolitano por los meses de enero y febrero.

Se reconoce y paga el gasto generado por el servicio prestado por una empresa en el año 2 014 por Bs. 1 765,86 por mantenimiento preventivo de cinco fotocopiadoras del CL Monagas.

Se reconoce y paga el gasto generado a una empresa por Bs. 24 312,77 por alquiler, por tres meses, de una fotocopiadora del CL Barinas.

Se renueva contrato a la misma empresa anterior por Bs. 33 924,80 por alquiler, por cuatro meses, de una fotocopiadora del CL Barinas.

Se reconoce y paga la deuda a una empresa por Bs. 7 182,00 por el alquiler de un local, por tres meses, donde funciona la UA Boconó.

Se reconoce y paga la deuda a una empresa por Bs. 364 140,00 por el alquiler de un local, por tres meses, donde funciona el CL Anzoátegui.

Se reconoce y paga la deuda a una empresa de transporte de documentos por Bs. 170 228,54 por tres facturas del mes de marzo, por servicio de valija.

Se reconoce y paga la deuda a una empresa de servicio postal por Bs. 1 009,79 por tres meses de servicio de recolección y traslado de documentos.

Se renueva contrato a la misma empresa anterior por Bs. 3 511,20 por el resto del año, para el servicio de recolección y traslado de documentos.

Se reconoce y paga la deuda a una empresa de servicio de protección y traslado de valores por Bs. 3 528,00 por un mes de servicio de traslado de valores.

Se renueva contrato a la misma empresa anterior por Bs. 14 112,00 por cuatro meses, para el servicio de protección y traslado de valores.

Se reconoce y paga la deuda a una empresa de servicio de radiadores por Bs. 30 599,90 por seis facturas, todas del mismo día del mes de marzo, por el servicio de lavado y engrase y cambio de filtros de dos camiones de ULMAI.

Se reconoce y paga la deuda a una empresa por Bs. 223 756,96 por mantenimiento de lectoras ópticas de los CL’s Metropolitano, Portuguesa y Sucre.

Se otorga la buena pro a tres empresas por Bs. 15 669 260,10 por adquisición de vestuario, calzado e implementos de seguridad para obreros y empleados administrativos.

¡Hay Presupuesto!

Punto N° 109 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Se le niega la solicitud de entregar información por un punto tratado en una reunión del Consejo Directivo al Consejo Superior.

Se argumenta que lo discutido en el Consejo Directivo al tratar los puntos es secreto y no se puede divulgar, con la razón de que de lo contrario nadie opinaría.

No comparto este criterio, por lo que me abstengo de votar en este punto

Lo común, en la UNA, es el silencio

Punto N° 116 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Por primera vez, en los casi cinco años que tengo asistiendo a las reuniones del Consejo Directivo, se difiere la remisión de un informe preliminar de la Auditoria, en este caso sobre la Auditoria Administrativa practicada al Consejo Superior.

¿Será que no dice lo esperado?

Pedirán explicaciones al Auditor.

Será por ello que se han negado en los últimos 10 años a cumplir la ley y elegir al Auditor por concurso

Puntos N° 126 y 127 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Concursos de Oposición

Se dejan sin efecto dos concursos en los que no se inscribieron profesores externos y el jurado evaluador de las credenciales rechazó la inscripción de las profesoras que se habían inscrito.

La razón es que las profesoras no poseen el título que el cargo exige.

¿Por qué fueron contratadas como Orientadoras profesoras que no poseen la cualidad académica para cubrir dicho cargo?

Lo común, en la UNA, es el silencio

Punto N° 141 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Este punto lo presenta en mano el Rector

Se presenta una opinión de Consultoría Jurídica sobre el descuento o no del aporte individual de los trabajadores de la UNA por concepto de aporte al Fondo de Pensiones y Jubilaciones establecido por ley.

Punto N° 154 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-11 del 15-04-2 015

Este punto lo presenta en mano el Vicerrector Académico

Se presenta por segunda vez, el punto de cuenta de la contratación de una Licenciada en Informática egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Por segunda vez se argumenta que su formación no está relacionada con las asignaturas a administrar ni con los temas del concurso de oposición para el cargo que opta.

La Coordinación de Ingeniería y la Coordinación de Áreas y Carreras de la UNA presentaron un cuadro, para la segunda presentación del punto, en el que demuestran la justificación para la contratación del cargo en cuestión.

Llama la atención que esta argumentación dada por las áreas que aprueban y validan la contratación de personal docente no fue leída en la segunda presentación del punto de contratación.

¿Por qué se afirma que no tiene la formación para atender el Bloque por la que se le contrata?

Presentaré de nuevo el punto el próximo miércoles con miras a definir con claridad cuál es la objeción a esta contratación.

RECORDANDO EL PASADO RECIENTE

Punto N° 104 de la Agenda de la Reunión Ordinaria N° O-06 del 25-02-2 015

El Ministro del Poder Popular para la Alimentación invita a la UNA a habilitar un espacio dentro de la UNA para ubicar un punto de venta directa para el beneficio de los trabajadores de la UNA.

Se encarga a Bienestar Social para que analice la solicitud y presente una alternativa viable para la implementación de la propuesta hecha por el Ministro.

Para el viernes 10 de abril no se había entregado a Bienestar Social la Instrucción emanada del Consejo Directivo relacionada con la oferta hecha por el Ministro del Poder Popular para la Alimentación.

¿Será que las Autoridades no quieren que este beneficio a los trabajadores de la UNA se implemente?

En manos de la comunidad de la UNA está la solución a este entrabamiento.

Prof. Ángel Míguez

Representante del

Ministerio del Poder Popular para la

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

ante el Consejo Directivo de la UNA

(Según resolución N° 280 del MPPEU, Gaceta Oficial N° 39415 del 03-05-2010)

(Según resolución N° 3416 del MPPEU, Gaceta Oficial N° 39996 del 29-08-2012)

Los Derechos se Conquistan luchando, ayer, hoy, mañana y siempre

Informe presentado en la Audiencia del día 14 de abril próximo pasado en la Sala Electoral del TSJ

Continuando con el proceso de democratización de nuestra Universidad, en el caso específico de la suspensión temporal del proceso de elecciones de autoridades, hemos asistido a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en calidad de Terceros Interesados, Isaliv Matheus Presidenta del Consejo Superior y el Ing. Virgilio Roa representante de la OPSU ante el Consejo Superior, asistidos por el Abogado Régulo Guerrero en la Audiencia Pública efectuada hoy martes 14 de abril de 2015  a las 10:00 am. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de oír la posición de la parte demandante y reafirmar nuestras convicciones sobre la profundización de la democracia participativa y protagónica de toda la comunidad universitaria, como lo hemos venido impulsando a lo largo del proceso electoral.

Dentro de este contexto les hacemos llegar, para su análisis y reflexión, algunos de los planteamientos que consignamos para conocimiento de los Magistrados de la Sala Electoral y el Fiscal que creemos necesario sea del dominio de quienes hemos estado acompañando al equipo de TODOS VOTAMOS, TODOS GANAMOS.

Este proceso judicial, donde los recurrentes solicitan la nulidad de la Reglamentación Electoral aprobada en su práctica totalidad, de manera unánime por los integrantes del Consejo Superior, de acuerdo con el mandato de esta misma Sala (N° 138 del 24/11/2011) y haciendo uso de las atribuciones establecidas en el Reglamento de la Universidad Nacional Abierta (artículo 8, literal k), debe entenderse en el marco de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en agosto de 2009, ley en la que se define la EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, se desarrolla la concepción de COMUNIDAD UNIVERSITARIA y el DERECHO POLÍTICO CONSTITUCIONAL de sus  integrantes.

Además, debemos resaltar que las instituciones universitarias como estructuras sociopolíticas y económicas, son parte integrante y esencial para satisfacer las necesidades reales del País, por lo cual sus autoridades estamos obligadas, por el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a desarrollar sus principios y garantizar los fines del Estado, como lo establece el artículo 3.

La presunta inconstitucionalidad de la LOE sostenida por los recurrentes, junto con los sectores más conservadores del ámbito universitario, se basa según ellos en que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) enuncia sólo a las y los docentes, estudiantes y egresados como “los miembros de su comunidad” dedicados a la búsqueda del conocimiento e investigación (Art. 109), lo cual no limita la existencia de otros integrantes de sus comunidades, como bien desarrolla la LOE enumerando a todos y todas las integrantes de la comunidad universitaria, aplicando el principio de inclusión y no discriminación.

Así mismo, y como ya mencionamos, la comprensión total de esta causa, con todo respeto, ameritaría la lectura analítica de:

A) La Sentencia N° 120, del 11 agosto de 2010, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, donde establecen, entre otras cosas:

1.  Que el artículo 34 de la LOE desarrolla el principio de participación no como un “criterio académico” sino como un “derecho político de todos los miembros de la comunidad universitaria, para ser ejercido plenamente y en igualdad de condiciones.”;

2. La potestad de reglamentar de los Consejos Universitarios, en nuestro caso el Consejo Superior, considerando la CRBV, la LOE, las leyes y reglamentos, en atención a la autonomía establecida en la misma LOE, aun cuando no lo haya hecho ni el Ejecutivo ni el Legislativo como lo establece esa misma LOE;

3. El sufragio como derecho político, en igualdad de condiciones de todos los integrantes de la comunidad universitaria;

4. Hacer pública la decisión en la gaceta oficial.

B) La Sentencia N° 14, del 23 de marzo de 2011, aclaratoria de la Sentencia N° 120, anterior, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, donde determinan:

1. Ratificar el orden legal jerárquico a seguir, dejando claro el impacto que la CRBV ha tenido en las instituciones del Estado, obligándolas a su transformación, y el uso de las leyes y reglamentos de manera supletoria, en lo que no colida con los principios constitucionales y la LOE;

2. La plena concordancia de la LOE con los principios de democracia participativa y protagónica determinando que, en el caso del sufragio cada persona es un voto.

3. Todo miembro de la comunidad universitaria tiene derecho a postularse si cumple con los requisitos exigidos para el cargo, cumpliendo con los parámetros previos establecidos por las leyes, reglamentos y estatutos correspondientes.

C) En el caso particular de nuestra Universidad Nacional Abierta, iniciado con la Sentencia N° 2,  del 28 de enero de 2010, debe leerse con detenimiento el contenido del Expediente N° AA70-E-2010-000004 / AA70-E-2010-000009, en cuyos folios se expusieron elementos legales, políticos, axiológicos, filosóficos y epistemológicos sobre la Democratización Universitaria en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la LOE y del desarrollo de la democracia participativa y protagónica, que concluyeron, primero con la Sentencia N° 138 del 24 de noviembre de 2011, la cual determinó, entre otras cosas, que:

1. El marco jurídico vigente en la Universidad es preconstitucional o tiene una incompatibilidad sobrevenida, y el Reglamento de Elecciones debe adaptarse a los principios constitucionales y a la LOE;

2. La LOE está vigente y su aplicación es inmediata sin necesidad de reglamentación por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 1 del Código Civil

3. La atribución legislativa es obligatoria, ya que está otorgada por reglamento ejecutivo, por el artículo 10 de la Ley de Universidades y el 34 de la LOE, para modificar los reglamentos atendiendo los principios constitucionales relativos a los derechos políticos “(Título III, Capítulo IV, Sección Primera)” y en cumplimiento del artículo 7 constitucional.

4. Se considere en la reforma reglamentaria a realizar “... las correspondientes condiciones de elegibilidad legales y reglamentarias que se exijan para postularse;”

5. El artículo 32 de la LOE no excluye “... que algunas materias sean sistematizadas en cuerpos normativos diferentes” al Ejecutivo.

            Y segundo, con la Sentencia N° 130 del 8 de octubre de 2013, cuando actores de los sindicatos y el Rector solicitaron el desacato y ejecución forzosa de la Sentencia N° 138 /2011 por parte del Consejo Superior, ya que:

1. El Consejo Superior se extralimitó en el tiempo de cumplimiento de la Sentencia N° 138 y;

 2. El alcance de la modificación del Reglamento Electoral, según informe del rector recogido en dicha sentencia constituía una reforma total del “aún vigente Reglamento de Elecciones de la Universidad Nacional Abierta (…), desacatando así el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta, la Sentencia (sic) N° 138” y extralimitándose en sus funciones;

3. La Sala recoge, de los folios 1082 al 1087 del expediente, la explicación del proceso completo que llevó a la aprobación del Reglamento de Elecciones, realizado a partir del análisis del marco legal que desarrolla los derechos políticos constitucionales y de manera supletoria, las leyes y reglamentos preconstitucionales, sacando la Resolución CS-11 del año 2012 (presentada como prueba)

4. La Sala no encontró elementos que determinaran el desacato o incumplimiento de la Sentencia N° 138 del 24 de noviembre de 2011.

Ante este contexto legal, solicitamos que esta Sala lea detenidamente tanto los expedientes como las sentencias ya dictaminadas para los casos de la Democratización Universitaria, a partir de las decisiones sobre algunos procesos electorales paralizados desde hace más de 5 años, para la toma de decisión definitiva, en atención a la coherencia jurídica de las mismas y permita realizar a la brevedad el proceso electoral.

            Así mismo, los recurrentes solicitan una derogatoria del Reglamento de Elecciones de la Universidad Nacional Abierta, por írrito, ilegal y haberse aprobado incumpliendo la Sentencia N° 138 antes comentada. Sobre esto último, ya esta Sala Electoral se pronunció en dictamen N° 130 del 8 de octubre de 2013.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por los recurrentes para catalogar de írrito e ilegal el Reglamento de Elecciones en controversia, pasamos a refutarlos en los siguientes términos (aunque ya fueron ampliamente descritos y discutidos en el Expediente N° AA70-E-2010-000004 / AA70-E-2010-000009, que reiteramos la solicitud de su lectura):

1. MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD, de una simple revisión del organigrama de nuestra Universidad, vigente, consignado como prueba, y visible en el sitio web oficial www.una.edu.ve, se observa que los órganos de cogobierno no se modifican. En cuanto al Consejo Contralor, establecido en el artículo 34.3 de la LOE, el Reglamento de Elecciones rechazado por los recurrentes, sólo lo enuncia, de acuerdo con las leyes vigentes en la materia, como lo son la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal así como la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y la Ley de Contraloría Social.

      En cuanto a la inclusión de miembros de los conglomerados distintos al claustro, como lo son las y los administrativos, profesores instructores y obreros en los órganos de cogobierno existentes, invocamos las sentencias ya señaladas, en cuanto a que el derecho político desarrollado por la LOE garantiza a la participación protagónica en igualdad de condiciones.

2. INTRODUCCIÓN DEL TÉRMINO DE VOCERÍAS, las cuales no aparecen en el Reglamento UNA, pues está basado en leyes preconstitucionales, por lo tanto, sería una contradicción mayor con el desarrollo del principio de Democracia Participativa y Protagónica, principio básico en la Refundación de la República, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el que se mantuviera el concepto de “representantes”, términos que finalmente pudieran asumirse equivalentes si no se reconoce el espíritu constitucional de las vocerías. Además, nunca han sido cargos, sino funciones, por las cuales quienes los o las ejercen reciben dietas y viáticos en nuestra Universidad, que está a Nivel Nacional, en 52 localidades de nuestra inmensa Patria.

     Para introducir el término de vocería, acudimos a las leyes orgánicas vigentes que desarrollan los derechos políticos como la mencionada Ley Orgánica del Poder Ciudadano, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley de Contraloría Social.

Incluso, como consta en este expediente, en el Reglamento de la Universidad Marítima y del Caribe, dictado recientemente por el Ejecutivo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la Ciencia y la Tecnología, se incluye el término de vocería para los y las integrantes de sus órganos de cogobierno.

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, a este respecto, queda claro que el equipo designado para asumir la modificación del reglamento de elecciones UNA, hizo un verdadero trabajo académico, al realizar el análisis exhaustivo de las Sentencias 120/2010; 14/2011 y 138/2011, que los condujo a revisar las leyes vigentes que desarrollan los derechos políticos y las vigentes en materia de Educación, de Universidades y Reglamentos, mientras no colidieran con los principios constitucionales, desarrollados en la LOE y las consideraciones de la Sentencia N° 138/2011. En este aspecto se consideró el principio básico y elemental de la DEMOCRATIZACIÓN DEL COGOBIERNO UNIVERSITARIO, atendiendo la participación protagónica como guía para dicha democratización, así como utilizando como referencia los elementos legales vigentes que evitasen la exclusión y discriminación en el ejercicio de los derechos políticos universitarios, en igualdad de condiciones.

     En este sentido, se aplicó lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Universidades, y la potestad que da para establecer criterios propios a las universidades experimentales. En este punto, el debate fue intenso, en particular con aquéllos que siguen aferrados a la tradición de preservar el claustro como único criterio de autoridad para la gestión universitaria. Sin embargo, de un análisis lógico, concluimos que 1) nuestro reglamento ejecutivo va en contra del artículo 28 de la Ley de Universidades exigiendo un escalafón que éste no menciona, pero que, de mantenerlo, excluiría y discriminaría a prácticamente todos los conglomerados que componen la Comunidad Universitaria establecida en la LOE; 2) a diferencia de quienes confunden gestión universitaria con carrera académica, pudimos determinar, siempre en el desarrollo de los derechos políticos, el derecho a la participación protagónica, considerando el criterio de autonomía, en cuanto a la potestad legislativa para la aplicación de los principios constitucionales, desarrollados por la LOE y validados en la condición de experimentalidad de nuestra Universidad. Así que, aparte de solicitar 10 años de trabajo en nuestra institución, dadas las dificultades de comprensión de nuestro sistema organizativo, por sus características únicas al tener una Modalidad de Educación Abierta y a Distancia y de carácter Nacional, nos apegamos a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Universidades, exigiendo título profesional de postgrado, no sin antes indagar el perfil que requiere ser autoridad de universidad pública, lo que es un hecho, no se estudia formalmente en nuestras universidades, y sólo recientemente se han abierto postgrados en el área.

     Cabe aquí resaltar que en el padrón electoral se identificó a un número de obreros con títulos profesionales y de magister y a integrantes del sector administrativo con título de Doctor.

     La insistencia en la preservación de la “academia”, entendida ésta sólo como el claustro, como único criterio válido de autoridad para la dirección universitaria, deriva de la histórica confusión entre escalafón, como los niveles de la carrera de un o una profesora universitaria y los cargos de autoridad, vistos éstos tradicionalmente como los últimos peldaños de dicha carrera. El escalafón remite al desarrollo de facultades y habilidades en un área de conocimiento específica, al igual que los títulos universitarios de pre y postgrado y estos deben conducir, como lo establece la LOE, previa evaluación, al desarrollo de la Carrera Académica de los profesores. A no ser que el desarrollo académico del profesor se ubique en el ámbito de la gestión y administración de instituciones de educación universitaria públicas, no vemos como el tener un escalafón de profesor titular de la cátedra de neuroquímica, y un doctorado en el sistema de neurotransmisores dendríticos, sea una condición suficiente y necesaria para garantizar una excelente gestión universitaria como autoridad, cuyas funciones se orientan casi que únicamente a la conducción, gestión, administración y liderazgo de una institución pública conformada por diversidad de actores, remitiendo esto a un hecho POLÍTICO más que académico, como fue analizado y sentenciado por esta Sala en las decisiones antes mencionadas.

     Para concluir con este aspecto, cabe señalar que siendo el claustro un órgano colegiado de la edad media, constituido para definir los aspectos políticos de las universidades, y habiendo la LOE extendido el derecho político a todos los integrantes de la Comunidad, todo elemento basado en el superado claustro, incluyendo el escalafón de los profesores, deja de tener pertinencia y de ser compatible para el hecho que discutimos, por discriminar y excluir a los que no sean profesores o se ubiquen en un escalafón de instructor. Hablamos de la mayoría de las personas que hacen vida en una institución universitaria. Así mismo, en el marco de la Democracia Participativa y Protagónica, el sufragio como derecho político está concebido según la C.R.B.V. de manera pasiva, en tanto elector y de manera activa, en tanto elegible.

4) INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL REGLAMENTO DE ELECCIONES Y EL REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA: en este aspecto cabe señalar que la modificación del Reglamento (ejecutivo) de la Universidad es potestad del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, como esta misma Sala señaló en sus diferentes decisiones, no puede asumirse como excusa para no reglamentar en el ámbito de competencia, la falta de reglamentación de los diversos temas de la LOE, por la omisión legislativa reglamentaria del Ejecutivo. Tanto así, que en mayo de 2013, como Presidenta del Consejo Superior tuve que responderle al entonces ministro Pedro Calzadilla, la imposibilidad de levantar sanción al Reglamento de Elecciones aprobado, toda vez que el mismo se basaba en el cumplimiento de la dispositiva de la Sentencia N° 138/2011. Posteriormente, le remitimos un proyecto de Reglamento de la Universidad Nacional Abierta, atendiendo las modificaciones requeridas para adecuarlo al Reglamento de Elecciones aprobado, como fue su solicitud.

En la Sala Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, a su fecha de presentación